
En cuanto a la básica primaria y el bachillerato la mayor cobertura la tiene el sector oficial: cerca de ocho veces mayor que la oferta privada en Cesar y cuatro en Valledupar. Contamos con colegios privados que en los últimos años han trabajado por la academia, con resultados sin discusión reflejados en las pruebas ICFES. Sin embargo, estas pruebas se han convertido para este sector en un fin por sí mismas con el propósito de posicionarse en el mercado; ya que no olvidemos que con vocación y todo, los colegios privados se caracterizan por que son empresas que deben ser autosuficientes. Esta situación no es un “pecado”. Es una limitación. Por el lado oficial, la mayor capacidad de maniobra desde esta perspectiva no ha sido aprovechada. El hecho de no tener que pensar en la nómina de profesores y que estos profesionales tengan una mayor estabilidad, ofrece ciertas garantías para proponer y ejecutar estrategias formativas novedosas. Un indicador desafortunado del sector oficial es que históricamente el maestro ha elegido el colegio privado para educar a sus hijos. Por fortuna esta actitud está cambiando en nuestros dos mejores colegios oficiales: CASD y Loperena.
En un colegio privado la agilidad, el cumplimiento de metas y el rigor académico no son una utopía, en parte debido a que las decisiones prácticamente están en cabeza de una persona con autonomía para mover, quitar o poner. En el otro extremo, un colegio oficial es de todos. Pero, he allí el detalle. En la práctica podría no tener doliente si no existe una sensibilidad colectiva de la comunidad; o no tener administradores de la academia; o que sus docentes estén convencidos que tienen un blindaje tal, que les permita exigir derechos y soslayar deberes; o pensar que el reconocimiento profesional se adquiere solo cumpliendo un horario. Si tales vicios están ausentes de la cultura institucional pública, sin duda la educación oficial tendría en sus manos la mejor opción educativa y un gran mérito. Es claro que el inmenso esfuerzo que realiza el sector oficial implica orientar jóvenes en deficientes condiciones nutricionales, en situación de extrema pobreza o miseria y de conflictos familiares de violencia, abuso y drogadicción, entre otros factores sociales críticos. Un panorama nada alentador para la escuela oficial pero casi nunca señalado en los paralelos simplistas que comparan sin rubor los colegios privados y los oficiales, sacando a relucir el argumento único e ingenuo, que “si son los mismos profesores porqué los resultados de las pruebas ICFES es mejor para los privados”. Lo más triste es que las políticas gubernamentales acolitan tal diagnóstico considerando la educación un gasto y no una inversión.
En conclusión, el sector educativo privado y el oficial están llamados a aprovechar sus ventajas y a superar sus limitaciones, a deponer intereses económicos, gremiales o personalistas claramente mezquinos, que nos permitan dar el viraje que nuestra sociedad reclama a través de la educación.

